Manifiesto de Adolfo de la Huerta ( Veracruz, 7 de diciembre de 1923)

Pocas horas después de encontrarme al amparo de la hidalga y de la tradicional hospitalidad del pueblo veracruzano, los verdaderos soldados de la República, los que se han formado en las cruentas luchas por el sostenimiento de nuestras libres instituciones bajo la digna y patriótica jefatura del general de División don Guadalupe Sánchez, y de los jefes de la Marina del Golfo, que han interpretado el hondo anhelo del pueblo mexicano de no consentir nunca en que se les arrebate su soberanía, desconocieron el Gobierno del general Alvaro Obregón por conculcador de todas nuestras libertades públicas.

Jamás en los anales de nuestra historia política se ha sabido exteriorizar con más exactitud y con mayor justificación la conciencia colectiva, y nunca se ha presentado tan odiosa y tan intolerable la violación de la soberanía del pueblo. Precisamente el hombre que hace apenas tres años fue el abanderado de la Nación para defender sus libertades contra una burda imposición es el mismo que hoy comete el crimen de lesa patria, volviendo contra el pueblo el poder que éste le otorgó.

El general Obregón ha violado la soberanía de los Estados de la República, prescindiendo, por remoto ya, del fraude electoral perpetrado en el Estado de Veracruz, con motivo de las elecciones de la última Legislatura, que no sirvió más que para consolidar la tiranía del Gobernador Tejeda, bajo el amparo ilegal y despótico de la Secretaría de Gobernación. Ha negado el general Obregón el apoyo de la Federación al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán a quien aprehendió y encarceló.

Con fuerza del Ejército ha vulnerado la soberanía de San Luis Potosí al segregar, de hecho, a esta Entidad Federativa, del Pacto Federal, autorizando a miembros del Ejército para que depongan por medio de las armas a los Ayuntamientos legítimos, que son las celdillas de nuestro organismo democrático, y fomentando así la más peligrosa y trascendental anarquía como es la que resulta de erigir el Ejecutivo Federal en principio el imperio de la fuerza sobre el derecho.

Ha desconocido al Congreso de Zacatecas que nació de la más unánime y de la más esforzada opinión popular, no obstante de que ese Congreso fue reconocido y sancionado por el Senado de la República, sólo por apoyar a un Gobernador despótico que secunda sin escrúpulos los planes de imposición. Ha rechazado, en Nuevo León, al ungido como Gobernante con el voto público, por medio de la presión sobre las autoridades de aquel Estado, determinando una situación indecisa y expectante para la realización de sus legales propósitos; ha expulsado, por último, de su Estado, al Gobernador Constitucional de Coahuila para substituirlo por autoridades surgidas de la imposición callista, y obtener como precio de este atentado la adhesión a sus planes de los senadores coahuilenses.

Para matar la independencia del Poder Legislativo de la Nación, que se ha opuesto, con excepcional energía, a sus tendencias imposicionistas defendiendo bizarramente la soberanía del pueblo, ha organizado con los pretorianos, que aún manchan el honor del Ejército, y con la mayor parte de sus Secretarios de Estado, complots para asesinar diputados que la altivez de la oficialidad supo condenar; ha empleado las amenazas para subyugar representantes medrosos, ha cohechado con prebendas y dádivas a diputados y senadores sin decoro, y ha recurrido hasta el plagio de unos y otros para imposibilitar el libre funcionamiento del Poder Legislativo, rodeándose de mercenarios políticos que preparen la formación de cámaras serviles para consumar la imposición de una candidatura que desde su origen fue rechazada por el pueblo de manera franca y ostensible.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene la prerrogativa de resolver los conflictos que se susciten entre la Federación y los Estados, ha sido postergada, nulificada de hecho por el Ejecutivo Federal, el cual, en vez de sus funciones ha pretendido subyugarla al contradecir y burlar sus fallos supremos que amparan y reconocen los gobiernos de Michoacán y San Luis Potosí.

El general Obregón no se ha limitado a violar la soberanía del Poder Legislativo, a desconocer el Poder Judicial de la Federación resumiendo en su persona, anticonstitucionalmente, los tres Poderes que encarnan nuestra soberanía; ha hecho más: investido con la facultad de velar la observancia exacta de las libertades públicas, conforme a nuestras leyes, ha empleado el inmenso poder que el pueblo depositó en sus manos, para aherrojar esas libertades, convirtiéndose en líder político de la impopular candidatura del general Plutarco Elías Calles, a fin de asegurarse más tarde una inmediata reelección que la nación rechaza y que nuestra ley condena.

Con esta finalidad y con respecto a la más alta representación nacional en él depositada, ha emprendido en la forma más activa, tenaz y más apasionada la catequización de los funcionarios civiles y la corrupción de altos jefes militares para inducir a aquéllos y a éstos a la infracción de sus imperiosos deberes cívicos por medio de la deturpación sistemática contra el candidato del pueblo.

Y no es esto todo, su acción no se ha limitado a herir de muerte nuestro sistema federal de Gobierno, no se ha detenido en reconcentrar el poder del Congreso y de la Suprema Corte, no ha vacilado en arrancar al pueblo su facultad soberana de elegir por medio del sufragio a sus mandatarios, no ha encontrado dique para establecer la más trascendental y perturbadora de las inmoralidades, la que se hace desde las cumbres del poder.

Debiendo ser él el ponderado sostenedor del orden público, ha armado a agitadores políticos sin conciencia para que no se respete la propiedad ni la vida, ni aún la libertad de conciencia.

Ante tan graves males que es necesario detener, y habiendo sido yo postulado por la gran mayoría de la nación candidato a la Presidencia de la República, faltaría al deber fundamental del ciudadano si no correspondiera al clamor nacional que ha resuelto no soportar un Gobierno que atenta en contra de nuestros principios constitucionales; en tal virtud, y aceptando provisionalmente como un honor la jefatura del movimiento libertario que han iniciado y secundado los soldados patriotas en representación del pueblo, expido el presente manifiesto dando a conocer a la nación los primordiales postulados a que aquél quedará sujeto.

1.- Respeto absoluto a la vida, a la libertad y a la propiedad de todos los habitantes, nacionales y extranjeros.

2.- Inmediata reglamentación del artículo 123 de la Constitución Federal, procurando deslindar equitativamente las prerrogativas de los obreros y las obligaciones de los patronos.

3.- Para la resolución del más intenso problema nacional, tierra y justicia para todos, constituyendo y organizando la pequeña propiedad agrícola para todo aquel que realmente quiera cultivar la tierra, fraccionamiento de los latifundios con sujeción estricta al espíritu del artículo 27 constitucional, mediando el Gobierno activa, eficaz y equitativamente entre los latifundistas y los adquirentes, dotación de ejidos para aquellos pueblos que aún no hayan salido del estado comunal y sólo hasta que el desenvolvimiento de esas comunidades y a petición de ellas quieran entrar al sistema de la propiedad individual.

La indemnización por causa de expropiación para la dotación ejidal se fijará por medio de la formación de un catastro a fin de pagar conforme al valor fiscal de acuerdo con la equidad; para el pago en efectivo de estas indemnizaciones se contratará un empréstito de cincuenta millones de pesos que en un principio ya estaba pactado por el suscrito con su carácter de Secretario de Hacienda y Crédito Público; para refaccionar a los pequeños propietarios se establecerán en todo el país instituciones de crédito agrícola que faciliten el cultivo de la tierra y aumenten la producción.

Los bonos de la deuda agrícola originados por el fraccionamiento de los latifundios y la constitución de la pequeña propiedad serán lanzados a los mercados interior y exterior con la intervención directa del Gobierno Federal, a fin de procurar el pago de las indemnizaciones en dinero en efectivo.

4.- Seremos inquebrantables respecto al sufragio, que hoy por tercera vez pretende ser conculcado en el transcurso de los diez últimos años, para garantizar por siempre la soberanía del pueblo.

5.- Reforma constitucional, para establecer la efectiva abolición de la pena de muerte, exceptuando la que debe sufrir el traidor a la Patria, en guerra con el extranjero.

6.- Otorgamiento del sufragio a la mujer, debidamente reglamentado, capacitándola para el desempeño de las funciones comunales.

7.- Intensificación no sólo de la instrucción, sino de la educación en forma práctica.

Con estos postulados y por los fundamentos expuestos, se rectifica el desconocimiento del Poder Ejecutivo de la Unión, se desconoce a los Gobernadores de Estado y representantes del Congreso de la Unión que hayan secundado y secunden la labor imposicionista y conculcadora del Presidente de la República, se desconoce igualmente a los demás funcionarios de elección popular, directa o indirecta, que en el término de 15 días no protesten su adhesión al presente movimiento.